2.9.12

Sobre los Motivos del Nuevo Código Penal


Abajo la Exposición de Motivos del nuevo Código Penal. En ella queda plasmada la política pública de victimización nacional promulgada por la presente administración. Por un lado, tal como se desprende del texto, el nuevo código con su esquema fácil de aplicación segura y severa de penas a las personas convictas de delito, asume la victimización como una de los procesos formativos de la experiencia puertorriqueña contemporánea. El código toma como punto de partida la realidad 'por probarse' de que todos y todas seremos víctimas de delito y que ello marcará de manera brutal y permanente nuestro ser y nuestro hacer—sentimiento compartido (quizás el único) y tan arraigado a nuestro sentido de pertenencia que forma parte de nuestros llamados valores en sociedad.

El Estado, entonces, al reconocer  la preeminencia de dicho sentimiento, responde mediante un código penal que establece, segura y severamente, el encarcelamiento como el otro gran proceso formativo de la experiencia puertorriqueña de hoy. De ahí que se incrementen las penas, se eliminen atenuantes, se cancelen alternativas a la reclusión y se de al traste con el criterio de castigo proporcional a la responsabilidad penal del ofensor y limitado por los imperativos constitucionales de rehabilitación, entre otras cosas. Pobrecito Picó.

La lógica, como el esquema de aplicación, es sencilla: la única manera de atemperar la eventual victimización de ciudadanos y ciudadanas particulares a manos de ofensores, es mediante la eventual y segura victimización de ofensores a manos del Estado. Esto, claro, no es nada nuevo. Lo que indigna del nuevo código es la voluntad institucional expresa de tratar a la ciudadanía como una masa uniforme de vulnerabilidad e indefensión, y al ciudadano/a como la figura más patética, individualista y solitaria, interesado/a únicamente en salvaguardar sus pertenencias (las pocas o las muchas) y/o su vida. De ahí que las actividades propias del ciudadano como sujeto políticamente activo vengan a formar parte del registro de actividades prohibidas— la 'criminalidad' manifiesta en la voluntad de quien se resiste a ser víctima del Estado. Tito querido.

La legislación penal debe ser producto de un entendido social—aquello que surge del debate y dialogo abierto, horizontal y democrático entre todos los componentes del pueblo. Esta pieza de legislación, en cambio, es producto expreso, admitido, de la opinión de legisladores y legisladoras y de miembros selectos de la comunidad jurídica acerca de la supuesta inoperabilidad del anterior código al momento de ajusticiar delincuentes.

Paradójicamente, la inoperabilidad es uno de los aspectos claves de cualquier proceso de victimización—aquel momento en que no sabemos cómo responder a lo acontecido. El nuevo código penal aconteció ayer. Y acontecerá sobre nuestros conciudadanas y conciudadanos brutalmente a menos que...

Código Penal de Puerto Rico
Ley Núm. 146 de 30 de julio de 2012
Para adoptar el Código Penal de Puerto Rico y derogar el vigente que fue aprobado mediante la
Ley 149-2004, según enmendada, disponer para la aplicación y vigencia de sus
disposiciones; y para otros fines.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS


La Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad constitucional de salvaguardar la vida,
propiedad y seguridad de todos los miembros de nuestra sociedad.  En cumplimiento de dicha
responsabilidad constitucional, corresponde tomar las medidas necesarias para prevenir,
controlar y reducir la incidencia de la actividad criminal.
La formulación de leyes penales es un proceso continuo que obedece a las condiciones
sociales en determinado momento histórico. Según expresan las teorías de legislación penal, todo
Código Penal debe ser el reflejo diáfano y genuino de los valores de la sociedad para la cual se
legisla. Debe ser realista, acorde con los tiempos que se viven y lo suficientemente abarcador y
flexible como para que se proyecte hacia un futuro previsible. Debe, además, ser susceptible de
ajuste para atemperarlo a las situaciones cambiantes, según éstas suceden. Conforme fue
reconocido en la Reforma Penal de 1974, el Código Penal no puede estar al servicio de minorías
en la sociedad ni obedecer a los caprichos personales o individuales de unos y otros. Tiene que
ineludiblemente responder al consenso de todos los sectores y de todos los intereses,
interpretados en la forma más amplia y coherente posible.
Mediante la aprobación de la Ley 149-2004, según enmendada, se estableció en nuestra
jurisdicción un nuevo Código Penal. Esta nueva legislación derogó el Código Penal de 1974.
Aun cuando se reconoció el incalculable valor de este último y que el mismo fue el resultado de
varias décadas de análisis por múltiples estudiosos de la materia, fueron motivos para su
derogación que el mismo no logró establecer una base criminológica precisa y articulada, dejó de
incorporar tendencias penológicas de la época; y mantuvo disposiciones que se habían insertado
en nuestro ordenamiento legal provenientes del extranjero en conflicto con nuestra tradición y
cultura jurídica. Véase, Exposición de Motivos, Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004.
Asimismo, fue señalado como lo más preocupante y, por consiguiente, motivo adicional
para su derogación, que el Código Penal de 1974 establecía penas que no eran reales; que no
guardaban proporción con la severidad relativa de los delitos; y la diferencia abismal entre la
pena impuesta al convicto y la pena que realmente se cumple. Id. Así pues, fue aprobado el
Código Penal de 2004, cuya aspiración fue prevenir individualmente la comisión de delitos
mediante la reinserción social del confinado al alcanzar su rehabilitación y que sirviera de
instrumento de prevención general mediante la afirmación de nuestros valores. Id.
Se reconoce que el Código Penal de 2004 fue un esfuerzo legítimo para reformular
nuestro ordenamiento jurídico penal. Sin embargo, se reconoció, incluso por la misma Asamblea
Legislativa que aprobó la Ley 149-2004, que dicha legislación, desde sus inicios tuvo
deficiencias. Ello ameritó, por ejemplo, la promulgación inmediata de la Ley 338-2004, la cual
atendió las penas impuestas en delitos contra la persona, creándose así una nueva modalidad alCódigo Penal de Puerto Rico 2012                                                                                          © www.LexJuris.com 2
delito grave de segundo grado severo, aumentando las penas de reclusión impuestas por dicha
conducta según tipificada. En la Exposición de Motivos de la ley, se expresa que a pesar de que
las penas estatuidas en el nuevo código eran adecuadas para los delitos allí tipificados, se
entendía apropiado establecer una pena mayor para ciertos delitos cuya comisión evidenciaban
un claro menosprecio por la vida, el bienestar y la seguridad de otros seres humanos.
Igualmente, desde su aprobación, el Código Penal de 2004 fue criticado porque se alejó
de ser un instrumento de trabajo práctico para jueces, fiscales, abogados y policías, quienes son
los que tienen a su cargo la implementación del mismo. Varios de sus artículos fueron descritos
como excesiva e innecesariamente complicados. De igual manera, fue señalado que los artículos
de nueva inclusión de la Parte General representaban una codificación de la teoría del delito
continental procedente de jurisdicciones foráneas, curiosamente, al igual que en el Código Penal
de 1974, están en conflicto con nuestra tradición jurídica y son productos de doctrinas
minoritarias muy criticadas.
El debido proceso de ley pone sobre la Asamblea Legislativa la obligación de que las
normas que prescriben las conductas prohibidas deben ser claras y precisas, de manera que se
respete el principio de legalidad. A base del mismo, fueron objetos de juicio crítico los siguientes
puntos prevalecientes en el Código Penal de 2004:
(1) La conservación de figuras jurídicas carentes de parámetros de aplicación y la
inclusión de nuevas normas complejas e imprecisas que ponían en la práctica a los organismos
de investigación y procesamiento criminal en desventaja, dejándole sin mecanismos de
intervención para enfrentar a la duda razonable que garantiza la presunción de inocencia.
(2) En cuanto a los principios que rigen la imposición de la sanción penal, la normativa
sobre la aplicación de las penas, fue señalada como la razón más preocupante y atendida por el
nuevo Código Penal de 2004. El mismo estableció que las penas fueran ajustadas al nivel
reducido que se estaba cumpliendo dentro de la cárcel. En lugar de revisar el método mediante el
cual se adjudicaban las bonificaciones por el sistema correccional, el Código Penal de 2004
redujo, en su gran mayoría, las penas a imponer por los distintos delitos tipificados,
sustituyéndolo por un esquema de imposición de la pena basado en un sistema de grados en
proporción a la severidad del delito. Este nuevo sistema lo que hizo en realidad fue absorber las
bonificaciones “automáticas” que motivaron la derogación del Código Penal de 1974. El
resultado de esta acción, según demostrado ante la Comisión Conjunta Permanente de la
Asamblea Legislativa para la Revisión Continua del Código Penal y para la Reforma de las
Leyes Penales Especiales por varios comparecientes a las vistas públicas, fuertemente señala que
durante estos años de vigencia del Código Penal de 2004, el nuevo sistema de grados, o sea, los
intervalos de pena, no promueven la uniformidad en la imposición de las penas resultando en la
imposición de sentencias disímiles por iguales hechos delictivos.
(3) La introducción en nuestro ordenamiento jurídico penal de una nueva teoría jurídica
del delito. Esta doctrina puso énfasis en la atribución de responsabilidad con base en la
peligrosidad del hecho delictivo para poner en riesgo o lesionar un bien jurídico protegido. Con
este acercamiento se tomó el hecho punible como punto central de la perspectiva punitiva del
delito. Esta doctrina contrasta con la que estuvo vigente hasta el 2004, la cual tiene como punto
de enfoque el principio de subjetividad que fundamenta las bases de responsabilidad sobre la
conciencia de la ilegalidad y la voluntad individual de incurrir en conducta delictiva.
Es un principio reconocido en el ámbito criminológico que un cambio súbito en la
ideología y la dogmática que permea la teoría jurídica del delito conlleva alteraciones prácticas
que inciden sobre la administración de la política pública gubernamental. No puede obviarse que
el enfoque del Código Penal tiene efectos sobre todos los organismos que componen el sistemaCódigo Penal de Puerto Rico 2012                                                                                          © www.LexJuris.com 3
de justicia criminal requiriendo, como consecuencia, cambios sobre la política institucional, tanto
reglamentarios y operacionales como individuales y sistémicos. Ello conlleva un efecto necesario
sobre las actitudes de los operadores del sistema desde los niveles de prestación de servicios
directos hasta la gerencia media y superior.
Las nociones contenidas en la expresión de la legislación sustantiva requieren cambios
que no sólo impactan el conocimiento básico de los principios que alimentan las medidas
expresadas por el legislador, sino que requieren su asimilación y la aceptación de los nuevos
paradigmas. La falta de concordancia entre la legislación y su aplicación práctica puede reflejar
la ineficiencia del ordenamiento ante una percepción social de inseguridad pública e impunidad.
Precisamente este argumento ha permeado los más tenaces ataques al Código Penal de 2004 ante
desacertadas decisiones judiciales, la impotencia de los organismos investigativos frente a la
carencia de mecanismos jurídicos para facilitar la instancia y continuación de los procesos
penales y la lamentable práctica de víctimas de delitos que toman la justicia por sí mismos. Estas
actitudes han desarrollado en la ciudadanía falta de sensibilidad, tolerancia a la criminalidad,
apatía a colaborar, irrespeto, repudio y desobediencia a la autoridad pública. Esto lo que revela es
una desconfianza en la administración de la justicia que requiere una intervención legislativa
inmediata.
En fin, desde su aprobación y vigencia, se ha cuestionado si el Código Penal de 2004 es
realmente una herramienta socialmente útil para combatir la criminalidad, asunto de mayor
preocupación que acosa a la ciudadanía. Ello motivó a que esta Asamblea Legislativa iniciara un
proceso de análisis a través de la celebración de Vistas Públicas, en las cuales se recibió el
insumo de múltiples sectores públicos y privados de nuestra sociedad con relación a la
efectividad del Código Penal. Además, fueron recibidos los comentarios y el asesoramiento de
estudiosos en la materia penal y se realizó una intensa labor de análisis legislativo que incluyó
las distintas reformas penales, las disposiciones del Código Penal de 1974 y del Código Penal de
2004, así como la jurisprudencia y la literatura jurídica al respecto.
La misión del Estado es servir como perno que establezca un equilibrio entre las garantías
consagradas tanto para el Estado como para el individuo sin que prevalezca la impunidad sobre
las garantías individuales o viceversa. Por tanto, esta Asamblea Legislativa entiende que es
necesario realizar cambios medulares, primordialmente, a la filosofía base del Código Penal de
2004, la cual ha tenido como resultado la lenidad hacia las personas acusadas y convictas
desequilibrando el principio de igualdad procesal que debe regir la administración de la justicia
criminal. Como consecuencia, presentamos este Código Penal de 2012, que es el resultado de un
análisis de los valores sociales del presente histórico y que tiene, entre otros, el propósito de
tutelar bienes jurídicos que merecen ser protegidos.
Este nuevo Código ha sido atemperado a la legislación especial relativa a la
administración de la justicia. Asimismo, se han redefinido e incluido nuevas figuras jurídicas
para conformarlas a las directrices ofrecidas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y el
Tribunal Supremo de Estados Unidos en interpretación de las garantías constitucionales.
El Código Penal ha conservado aquellas instituciones de los Códigos Penales anteriores
que se adaptan a nuestra vida presente; se han mejorado aquellas que resultan inadecuadas y se
han incluido nuevos delitos y penalidades a tono con nuestra sociedad actual. A esos efectos, el
Código ha puesto énfasis sobre la protección a las víctimas de delito abriendo paso a figuras
como el síndrome de la mujer maltratada, y rechazando la exclusión de responsabilidad cuando
la víctima consiente a la comisión del delito, así como el establecimiento de atenuantes que
imponen algún grado de responsabilidad sobre la víctima.Código Penal de Puerto Rico 2012                                                                                          © www.LexJuris.com 4
En tema del establecimiento de la responsabilidad penal, este Código tiene muy presente
la expresión contenida en nuestra Constitución que establece con jerarquía constitucional el
carácter rehabilitador de la pena al disponer en su Artículo VI, Sección 19, que las instituciones
penales preponderarán “el tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su
rehabilitación moral y social”; que “no se impondrán castigos crueles e inusitados” y que las
“multas no serán excesivas”. Artículo II, Secciones 11 y 12 de la Constitución del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico. A esos efectos, se reconocen como principios fundamentales que la
sanción penal no podrá atentar contra la dignidad humana y la rehabilitación moral y social del
convicto como un objetivo general para la imposición de las penas.
De igual manera, el Código reconoce como objeto de tutela el castigo justo al autor del
delito, específicamente cuando la conducta afecta la ordenada administración de la justicia y la
intervención con los derechos fundamentales. El Código pone especial atención en velar por la
confianza pública imponiendo sobre los funcionarios o empleados públicos la obligación de
probidad en el cumplimiento del deber y la destitución de su cargo o empleo como pena cuando
infrinja la ley en el desempeño de las funciones públicas.
En conclusión, el esfuerzo que se presenta mediante esta medida legislativa, representa la
inclusión del trabajo de años de estudios y análisis, así como la colaboración y el insumo de
múltiples especialistas, estudiosos e interesados en la materia, incluyendo agencias del Gobierno
de Puerto Rico y entidades tales, como el Departamento de Justicia y la Sociedad para la
Asistencia Legal, cuya experiencia en el trámite de asuntos penales en nuestros Tribunales de
Justicia y colaboración ha sido invaluable durante el análisis de esta legislación. Esta medida
legislativa representa un esfuerzo legítimo para reformular nuestro ordenamiento jurídico penal,
como un instrumento eficaz para la administración de la justicia criminal y devolver a la
ciudadanía la seguridad jurídica que tanto merece.


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